Ordenanza Nº25131

Ordenanza Nº 25131

General Pueyrredon, 19/05/2021

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 1974-9-2020

Expediente H.C.D.: 1886-D-20

Nº de registro: O-19254

Fecha de sanción: 06/05/2021

Fecha de promulgación: 19/05/2021

Decreto de promulgación: 886-21

 

 

ORDENANZA Nº 25131

 

Artículo 1º.- Impónese el nombre de “Julio César Strassera” al espacio público delimitado por las calles Tres Arroyos, Bordabehere, Matheu y Avenida Juan B. Justo, identificado catastralmente como: Circunscripción VIII, Sección A y B, Manzana 88Q de la ciudad de Mar del Plata.

 

Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo procederá a identificar el espacio con el nombre impuesto por el artículo anterior y a su inclusión en la nomenclatura urbana.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

Poleggio                                                                                                                   Martínez Bordaisco

Bonifatti                                                                                                                               Montenegro

 

Fundamentos

 

Elevo a su consideración  el Proyecto de Ordenanza que se acompaña, mediante el cual se sugiere imponer el nombre de “JULIO CÉSAR STRASSERA” al espacio público delimitada por la calles Tres Arroyos, Bordabehere, Matheu y Avenida Juan B. Justo, identificada catastralmente como: Circunscripción VIII, Sección A y B, Manzana 88Q.

Julio César Strassera fue un abogado argentino y fiscal a cargo del juicio contra las juntas militares que gobernaron la Argentina entre 1976 y 1983, periodo durante el cual se desempeñó como fiscal federal.

En 1976, el Dr. Strassera fue nombrado Secretario de Juzgado. Durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional fue promovido como fiscal general.

Durante los primeros años de la dictadura se encargó de Hábeas Corpus solicitados por presos políticos, muchos de ellos denegados. Como fiscal intervino también en el caso del asesinato de sacerdotes y seminaristas conocido como "Masacre se San Patricio" y solicitó el sobreseimiento de los autores, lo cual fue aceptado por el juez Rivarola. Siete años después la causa se reabrió por el juez Biondi por pedido del padre Cornelio Ryan, Delegado Provincial de la Comunidad palotino irlandesa, que solicitó se tomara en cuenta el testimonio de los 2 jóvenes que observaron parte del operativo.

Como fiscal tomó declaración a Lidia Papaleo,​ en relación a la causa de la vinculación de David Graiver y la agrupación Montoneros. La detenida era una detenida clandestinamente, y estaba internada en el hospital debido a las torturas, esposada a la cama, por lo que le solicitó un Hábeas Corpus, que también fue negado.           

En el famoso Juicio a las Juntas de 1985,  el Dr. Strassera fue el fiscal acusador que lo condujo. Este juicio, resultado del decreto número 158/83 del gobierno de Raúl Alfonsín, según lo exigía el entonces Código de Justicia Militar, se realizó contra nueve integrantes de las Juntas Militares (incluyendo jefes de estado) que gobernaron Argentina durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional entre 1976 y 1983 que terminó con la condena de cinco de ellos, la mayor parte a cadenas de prisión perpetua. Fue el primer proceso masivo en contra comandantes militares por el asesinato masivo de personas desde los Juicios de Núremberg, el único en el mundo hecho por tribunales civiles.

El Dr. Strassera llevó a cabo la acusación a las juntas, como autorizaba la ley 23.049 aprobada en febrero de ese año, asistido por Luis Gabriel Moreno Ocampo. El juicio se realizó entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985. Se trataron 281 casos.

En el juicio el Dr. Strassera realizó de viva voz la acusación pública contra los dictadores, que constituye un documento histórico y una pieza fundamental en la defensa de los derechos humanos.

Después del juicio, Julio Strassera fue representante argentino ante los organismos de derechos humanos con sede en Ginebra y con motivo de los indultos a los militares dispuestos por el entonces Presidente Carlos Menem, se retiró de la función pública y se dedicó a ejercer su actividad como abogado y a participar activamente de la actividad de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), organización de la que forma parte integrando su presidencia.