Resolución Nº4848/26

Resolución Nº 4848/26

Moreno, 13/08/2026

Visto y considerando

VISTO el Expte. H.C.D  N° 36.597/2026, sobre Repudio y Rechazo al Proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada; y

CONSIDERANDO que se encuentra en tratamiento en el Honorable Senado de la Nación el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (PE-13/26), el cual incluye modificaciones sustanciales a la Ley de Manejo del Fuego (Nº 26.815), a la Ley sobre el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales (Nº 26.737), a la Ley del Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana (Nº 27.453), al Régimen de Expropiaciones (Nº 21.499) y a los Códigos Civil y Comercial y Procesal Civil y Comercial de la Nación.

QUE, el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, constituye un nuevo proyecto de ley ómnibus impulsado por el Gobierno Nacional, cuyo objetivo declarado es reforzar la protección del derecho de propiedad.

QUE, la iniciativa busca eliminar restricciones consideradas ilegítimas por el Poder Ejecutivo y promover la seguridad jurídica para incentivar la inversión extranjera. Sin embargo, prioriza la propiedad privada en su concepción clásica por encima de otras garantías constitucionales, tales como el debido proceso, el acceso a una vivienda digna y la protección ambiental, lo que genera un desequilibrio entre el interés individual y las necesidades colectivas que decanta en desigualdad e inequidad en el acceso a derechos fundamentales.

QUE, el proyecto implica una regresión al concepto clásico de propiedad, el cual se encuentra superado en nuestro ordenamiento. Tras la Reforma Constitucional de 1994, la propiedad debe interpretarse en armonía con su función social y ambiental; en contraste, la propuesta retoma una visión liberal clásica donde la propiedad se concibe como un derecho absoluto y perpetuo, colocado por encima de otras garantías y blindado ante la acción reguladora del Estado.

QUE, la reforma propuesta a la Ley Nº 21.499 de Expropiaciones se enmarca en dicha visión, en tanto concibe a la expropiación como una limitación extrema al derecho de propiedad, aun cuando responda a causas de utilidad pública.

QUE, en alineación con políticas de desregulación económica, la norma busca restringir las facultades estatales imponiendo mayores barreras para concretar expropiaciones y, en paralelo, aumentar las garantías de los sujetos expropiados, lo que en la práctica se traduce en blindar el patrimonio privado incluso frente a necesidades colectivas.

QUE, entre las modificaciones planteadas a la Ley de Expropiaciones, se establece que la declaración de utilidad pública tendrá una interpretación restrictiva; se sustituye el valor objetivo por el valor de mercado (incluyendo expectativas de rentabilidad futura); se reconoce el lucro cesante dentro de la indemnización; se redefine la ocupación temporánea anormal —limitándola a 60 días y requiriendo la intervención del Poder Ejecutivo Nacional—; y se dispone que no habrá transferencia de dominio sin el previo pago íntegro de la indemnización

QUE, estas modificaciones reducen significativamente la capacidad del Estado para actuar en beneficio colectivo.

QUE, en relación con la Ley Nº 26.815 de Manejo del Fuego, la propuesta elimina los plazos de 60 y 30 años que prohibían modificar el uso del suelo, subdividir, lotear o desarrollar emprendimientos inmobiliarios y agropecuarios en superficies afectadas por incendios.

QUE, la reforma excluye de manera expresa de esta protección a ecosistemas sumamente sensibles, como los humedales y los bosques implantados, reduciendo las barreras legales frente a intereses económicos especulativos, lo que —según advierten especialistas y organizaciones ecologistas— fomenta la provocación de incendios intencionales, acelera la deforestación, destruye la biodiversidad local y agrava la crisis climática.

QUE, las modificaciones a la Ley Nº 26.737 de Tierras Rurales implican un desmantelamiento integral del sistema de regulación, al derogar el límite del 15 % a la titularidad extranjera a nivel nacional, provincial y local, el límite del 30 % para personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad, y el tope de 1000 hectáreas por titular.

QUE, dicha reforma redefine el concepto de titularidad extranjera, para aplicarlo únicamente a Estados extranjeros o sociedades integradas por estos, permitiendo que inversores privados y corporaciones transnacionales adquieran tierras sin restricciones, y eliminando las prohibiciones sobre la compra de territorios con cuerpos de agua relevantes o ubicados en zonas de frontera.

QUE, la extranjerización de la tierra facilita el acaparamiento de bienes comunes estratégicos, como reservas de agua dulce y minerales, y promueve modelos extractivistas intensivos que agotan los suelos, contaminan las cuencas hídricas y vulneran la soberanía nacional.

QUE, la iniciativa presenta riesgos estructurales severos al favorecer la concentración territorial en manos de grandes capitales internacionales, subordinando el territorio nacional a las dinámicas del mercado global.

QUE, asimismo, profundiza la desigualdad en el acceso a la tierra: mientras se facilita la compra para actores con alto poder económico, el Estado se retira de la integración socio-urbana al derogar protecciones clave como la emergencia socio-urbana y la prohibición de desalojos en barrios populares, amplificando la brecha entre quienes habitan el territorio y quienes lo controlan

QUE, la reducción y flexibilización de estos estándares configura una evidente vulneración al principio de no regresividad ambiental, así como a los principios precautorio y de equidad intergeneracional previstos en la Ley General del Ambiente (Nº 25.675) y en el Acuerdo de Escazú (Ley Nº 27.566).

Por ello, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, en uso de sus atribuciones legales sanciona la siguiente:

RESOLUCIÓN N° 4.848/2026

ARTÍCULO 1°: El Honorable Concejo Deliberante del Partido de Moreno manifiesta su más enérgico repudio y rechazo al Proyecto de Ley de la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que actualmente se encuentra en tratamiento en el Honorable Senado de la Nación, expresando el respaldo de este cuerpo a la plena vigencia de la normativa actual que se pretende modificar.

ARTÍCULO 2°: Exhortar a todos los legisladores nacionales, Diputados y Senadores, a rechazar la aprobación del mencionado proyecto, en resguardo de la soberanía, y de los recursos naturales, y en rechazo a la extranjerización de la tierra, la desigualdad en el acceso a la tierra y el debilitamiento del Estado.

ARTÍCULO 3°: Remitir copia de la presente Resolución a la Presidencia del Honorable Senado de la Nación, a las Comisiones pertinentes de dicha cámara, a la Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, y a los representantes legislativos de nuestra provincia.

ARTÍCULO 4°: Regístrese y dese amplia difusión institucional a través de los canales oficiales de este cuerpo y otros medios que se consideren apropiados.

ARTÍCULO 5°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 13 de Agosto de 2026.

DRA GIMENA ANGUIOZAR                 EMMANUEL FERNANDEZ
     Secretaria Legislativa                              Presidente
Comunicado el día 21/08/2026