Boletines/Pinamar
Ordenanza Nº 5237/18
Pinamar, 13/07/2018
VISTO:
El Expediente Interno Nº 2195/18 caratulado: Servicio de abordaje Municipal en adicciones (SAMA).
CONSIDERANDO:
Que la problemática de las adicciones afecta no solo al dependiente, sino también a su familia, su entorno escolar, laboral y social, lo que ocasiona graves perjuicios a toda la comunidad.
Que la adicción se define como una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo de drogas, a pesar de sus consecuencias nocivas. Se considera una enfermedad del cerebro porque las drogas modifican este órgano: su estructura y funcionamiento se ven afectados. Estos cambios en el cerebro pueden ser de larga duración, y pueden conducir a comportamientos peligrosos que se observan en las personas que abusan del consumo de drogas.[NIDA. (2014, noviembre 24). Las drogas, el cerebro y el comportamiento: La ciencia de la adicción.
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Que el término adicción seleccionado, puede considerarse como equivalente a un grave trastorno por uso de sustancias, según se define en el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition [Manual de Diagnóstico y Estadísticas de los Trastornos Mentales, quinta edición] (DSM-5, 2013).
Que se trata de una enfermedad emocional, la cual consiste en creer que no puede vivir sin la influencia de cierta sustancia, por lo cual la consume en forma permanente y compulsiva. El adicto no controla su adicción, sino que vive en función de ésta: este es el eje y el condicionante de toda su rutina; si trata de salir de esta rutina, se ve afectado por problemas de ansiedad y, por lo general, vuelve a caer en el consumo , aunque puede dejar de ser adicto después de pasar por un adecuado tratamiento. las drogas detienen el desarrollo
madurativo.
Que es por ello que se debe abordar la problemática en la órbita de Salud Mental, siendo menester a tales efectos recordar que la ley 26.657 en su artículo 28 estipula que las internaciones de salud mental deben realizarse en hospitales generales. A tal efecto los hospitales de la red pública deben contar con los recursos necesarios. El rechazo de la atención de pacientes, ya sea ambulatoria o en internación, por el solo hecho de tratarse de problemática de salud mental, será considerado acto discriminatorio en los términos de la
mencionada ley.
Que en consonancia con la ley de salud mental 26657, el paciente se interna solo en periodos cortos y continúa en tratamiento ambulatorio con integración de la familia y la comunidad. debe ser parte del servicio de Atención Primaria.
Que en relación a los tratamientos se deberá tener en cuenta la alternativa terapéutica más conveniente y que menos limite su libertad, asegurando que el paciente no sea identificado, ni discriminado por padecer o haber padecido compromiso con las drogas, el alcohol, el tabaco y/u otras sustancias que produzcan adicción.
Que es por ello que este cuerpo deliberante considera necesario instrumentar la ley Nacional 26.657 Derecho a la Protección de la Salud Mental y la adhesión en Provincia mediante ley 14580 a los efectos de que el Municipio de Pinamar se adecue a dicha normativa y la comienzan a articular, toda vez que actualmente se encuentra carente de asistencia y ayuda al adicto-dependiente que aborde únicamente dicha problemática desde la óptica propuesta.
Que es alarmante la encuesta desarrollada por un grupo de madres durante el festival del estudiante del año 2017 en nuestro Partido de Pinamar, en donde resulta que de sesenta y ocho (68) adolescentes encuestados el 42,65% consumen marihuana y/o otras drogas.
Que el derecho a la salud es un derecho multidimensional y está dentro de la categoría de los derechos personalísimos e implícitamente comprendido dentro del derecho a la vida vinculando además con los derechos a la integridad y a la privacidad.
Que siguiendo con estas características, el SAMA trabaja mancomunadamente con las distintas instituciones que intervienen en la problemática sea policía, justicia, servicio de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, instituciones intermedias etc.
Que la Constitución Provincial establece como obligación garantizar a todos sus habitantes el acceso a la salud en los aspectos preventivos, asistenciales y terapéuticos; sostener el hospital público y gratuito en general, con funciones de asistencia sanitaria, investigación y formación; promover la educación para la salud; la rehabilitación y la reinserción de las personas toxicodependientes.
Que a tal fin reconoce los siguientes derechos sociales: 1- De la Familia. La familia es el núcleo primario y fundamental de la sociedad. La Provincia establecerá políticas que procuren su fortalecimiento y protección moral y material. 2- De la Niñez. Todo niño tiene derecho a la protección y formación integral, al cuidado preventivo y supletorio del Estado en situaciones de desamparo y a la asistencia tutelar y jurídica en todos los casos. 3 De la Juventud. los jóvenes tienen derecho al desarrollo de sus aptitudes y a la plena
participación e inserción laboral, cultural y comunitaria.
Que el SEDRONAR mediante el Estudio de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población General presentado en Junio de 2017 arroja datos alarmantes en torno a la situación de consumo de drogas y alcohol en todo el país.
Que los datos actualizados por la OMS plantean que el uso, mal uso, abuso y dependencia de drogas legales e ilegales así como problemas de prescripción, se relacionan mundialmente con el 12,4 % de los fallecimientos y el 8,9 % del total de años perdidos por discapacidad y muertes precoces,1 con la consecuente estigmatización y rechazo mundial, mientras que la droga paradigmática, el alcohol, determina anualmente, mediante su uso nocivo, la pérdida de 58 millones de años por invalidez y muertes evitables.
Que siendo la protección de la salud una prioridad para este municipio, considerándola como un derecho de todos los habitantes del Distrito, es que se pensó en un espacio municipal y gratuito que incluya la prevención, orientación y tratamiento en un marco de inclusión a toda persona, independientemente de su estatus socio-económico.
Que la capacitación sobre la problemática a trabajar resulta absolutamente necesaria como parte del proceso de prevención, pues la prevención es capacitación.
Que en otros Municipios como General Alvarado se implementó un servicio de Abordaje Municipal en Adicciones (SAMA) lo que trajo aparejado excelentes resultados.
Que entre las iniciativas propuestas de este programa pueden mencionarse: difusiones masivas en medios de comunicación, charlas informativas, cine-debate, encuestas, programas de prevención de las adicciones en el ámbito escolar, capacitaciones dirigidas a la comunidad educativa, talleres dirigidos por docentes y equipos de orientación escolar, concursos sobre cortos audiovisuales, programas de prevención de las adicciones en instituciones deportivas, formación de grupos preventores voluntarios, fortalecimiento de
redes barriales, tratamiento mediante tres pilares fundamentales: confrontación, comunicación y contención del enfermo; información sobre tratamientos y asesoramiento a quienes lo requieran para poder detectar y/o manejar situaciones vinculadas a las adicciones.
Que atento que la mayor población en riesgo se centra en las zonas marginales, resulta necesario que los tratamientos tengan carácter voluntario y gratuito, mientras que en aquellos casos el paciente tenga acceso a una obra social o prepaga, se solicitará que la cobertura cubra los tratamientos necesarios tal como lo establece la Ley No 24.455.
Que la ley provincial 14580 Art. 1 estipula la adhesión a la ley 26.657 Derecho a la Protección de la Salud Mental, que establece la protección de los derechos de los ciudadanos que padecen problemas de salud mental y garantiza el acceso a los servicios que la promueven y la protegen. la presente ley asume el criterio de dicho instrumento normativo en el sentido de que las políticas de salud mental contempla también la
protección de los derechos de aquellos ciudadanos con problemas en el uso de drogas legales o ilegales.
Que la Ley nacional 26.657 Art. 32 en lo pertinente establece que: " El Poder Ejecutivo debe incluir en los proyectos de presupuestos un incremento en las partidas destinadas a la salud mental hasta alcanzar un mínimo del DIEZ POR CIENTO (10%) del presupuesto total de salud se promoverá que las provincias .adopten el mismo criterio.
POR ELLO:
El Honorable Concejo Deliberante de Pinamar, en uso de facultades que le son propias sanciona la siguiente:
Ordenanza Nº 5237/18
ORDENANZA
ARTICULO 1: Créase en el ámbito del Partido de Pinamar el Programa de Servicio de abordaje Municipal en adicciones (SAMA), según Anexo I y sus complementos.
ARTICULO 2: Declárese de Interés Municipal la propuesta de implementación del SAMA en el Partido de Pinamar.
ARTICULO 3: Apruébase el Programa SAMA, que en Anexo I y sus complementos se acompaña.
ARTICULO 4: Autorizase al Departamento Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias que corresponda a los efectos de implementar el Programa SAMA, durante el Ejercicio 2018, el cual deberá ser parte del Proyecto de Presupuesto de 2019.
ARTICULO 5: El Departamento Ejecutivo deberá presentar informes semestrales sobre la situación social basada en datos estadísticos de la sociedad.
ARTICULO 6: Comuníquese a los Honorables Concejos Deliberantes de los Partidos de La Costa, Gral Juan Madariaga, Villa Gesell y Lavalle, a los efectos de poder replicar la experiencia en otras comunidades de la región.
ARTICULO 7: El Departamento Ejecutivo deberá realizar campañas publicitarias para el fomento, conocimiento y amplia difusión de la presente Ordenanza.
ARTICULO 8: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dése al Registro Oficial, cumplido, archívese.